Dos robos, ¿misma legitimidad?

 Foto del asalto a un supermercado. 30 de agosto.    Foto de Luis Bárcenas llegando a Barajas      Extraída de Twitter: @mundoobrero                         5 de marzo. Publicada en La Vanguardia

Les invito a la reflexión una vez más a través de estas dos imágenes: a su izquierda tienen una imagen del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), con los famosos carritos utilizados para llevarse material escolar de un hipermercado; y a su derecha, Luis Bárcenas, ex-tesorero del Partido Popular, implicado en uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de España.

Supongo que ya saben por dónde van los tiros. Si consideramos la información que nos ofrecen los medios de comunicación, nos queda la impresión de que ambos han hecho lo mismo: robar. Sin embargo, bajo la apariencia de una misma acción, ¿podemos situar en la misma línea de comparación ambos actos? La respuesta que puedo ofrecer es bastante clara: no. Y me explicaré.

Si consideramos estos dos actos desde un punto de vista meramente formal o jurídico, nadie puede dudar de que ambos constituyen un delito, con sus responsables y sus respectivas penas.  Sin embargo, el quid de la cuestión gira en torno al complejo concepto de legitimidad. Desde luego, aquí entra en juego el uso connotativo que cada uno haga de dicho término.

No obstante, si miramos ambos casos desde un prisma exclusivamente relacionado con el interés social, parece evidente que el uso fraudulento que ha hecho el señor Bárcenas del dinero público para la contabilidad ‘B’ del Partido Popular no tiene, en absoluto, ningún interés social. Más bien al contrario, ya que persiguen meros intereses particulares, el viejo arte de enriquecerse a costa de otros.

Sin embargo, algún atisbo de legitimidad puede existir en el colectivo del SAT que, aun siendo plenamente conscientes de que están cometiendo un delito, deciden asumir la responsabilidad de robar alimentos y material escolar con el único fin de mejorar, aunque sea en pequeña medida, la situación de miles de familias andaluzas.

Con estos actos, el SAT ha conseguido un objetivo a mi parecer bastante importante, más allá de la función social que hayan podido realizar: al igual que con el caso de los carritos de comida protagonizado por el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, hace poco más de un año, el SAT ha vuelto a poner sobre la escena política y social con este gesto simbólico lo que parece evidente desde hace ya algún tiempo: la crisis del sistema.

            Parte de la ciudadanía, quizá motivada por el opio del cuarto poder, no tarda en condenar este acto como fascista y no duda en criminalizar sin piedad a los miembros de este colectivo. Otra parte, sin embargo, advierte que algo pasa cuando la justicia española parece quedarse impasible ante los casos de corrupción de la clase política, mientras que actúa con gran celeridad para condenar actos como los del SAT, o los de una señora cualquiera que robó una barra de pan.

            Y esto es lo reseñable del asunto: que un asalto a un supermercado tenga más morbo mediático que el caso Bárcenas o que cualquier caso de corrupción, es síntoma de que algo raro está pasando. Si condenamos de forma más enérgica el robo de material escolar para los que menos recursos tienen que la contabilidad ‘B’ del Partido Popular, es síntoma de que algo raro está pasando, y que nosotros mismos somos cómplices al consentir que así sea.

            Para concluir, he de decir que con este artículo no pretendo justificar ni mucho menos exculpar ninguno de los dos delitos, tan sólo constatar que bajo la misma visera, ambas acciones pueden ser vistas desde una forma radicalmente distinta. Y sobre todo que, por raro o extremo que parezca, detrás de la ilegalidad puede esconderse cierta legitimidad.