Foto del asalto a un supermercado. 30 de agosto. Foto de Luis Bárcenas llegando a Barajas Extraída de Twitter: @mundoobrero 5 de marzo. Publicada en La Vanguardia
Les invito a la reflexión
una vez más a través de estas dos imágenes: a su izquierda tienen una imagen
del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), con los famosos carritos
utilizados para llevarse material escolar de un hipermercado; y a su derecha,
Luis Bárcenas, ex-tesorero del Partido Popular, implicado en uno de los casos
de corrupción más grandes de la historia de España.
Supongo que ya saben por dónde
van los tiros. Si consideramos la información que nos ofrecen los medios de
comunicación, nos queda la impresión de que ambos han hecho lo mismo: robar.
Sin embargo, bajo la apariencia de una misma acción, ¿podemos situar en la
misma línea de comparación ambos actos? La respuesta que puedo ofrecer es
bastante clara: no. Y me explicaré.
Si consideramos estos dos
actos desde un punto de vista meramente formal o jurídico, nadie puede dudar de
que ambos constituyen un delito, con sus responsables y sus respectivas
penas. Sin embargo, el quid de la
cuestión gira en torno al complejo concepto de legitimidad. Desde luego, aquí
entra en juego el uso connotativo que cada uno haga de dicho término.
No obstante, si miramos
ambos casos desde un prisma exclusivamente relacionado con el interés social,
parece evidente que el uso fraudulento que ha hecho el señor Bárcenas del
dinero público para la contabilidad ‘B’ del Partido Popular no tiene, en
absoluto, ningún interés social. Más bien al contrario, ya que persiguen meros
intereses particulares, el viejo arte de enriquecerse a costa de otros.
Sin embargo, algún atisbo
de legitimidad puede existir en el colectivo del SAT que, aun siendo plenamente
conscientes de que están cometiendo un delito, deciden asumir la responsabilidad
de robar alimentos y material escolar con el único fin de mejorar, aunque sea
en pequeña medida, la situación de miles de familias andaluzas.
Con estos actos, el SAT ha
conseguido un objetivo a mi parecer bastante importante, más allá de la función
social que hayan podido realizar: al igual que con el caso de los carritos de
comida protagonizado por el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez
Gordillo, hace poco más de un año, el SAT ha vuelto a poner sobre la escena
política y social con este gesto simbólico lo que parece evidente desde hace ya algún tiempo: la crisis
del sistema.
Parte
de la ciudadanía, quizá motivada por el opio del cuarto poder, no tarda en
condenar este acto como fascista y no duda en criminalizar sin piedad a los
miembros de este colectivo. Otra parte, sin embargo, advierte que algo pasa
cuando la justicia española parece quedarse impasible ante los casos de
corrupción de la clase política, mientras que actúa con gran celeridad para
condenar actos como los del SAT, o los de una señora cualquiera que robó una
barra de pan.
Y esto
es lo reseñable del asunto: que un asalto a un supermercado tenga más morbo
mediático que el caso Bárcenas o que cualquier caso de corrupción, es síntoma
de que algo raro está pasando. Si condenamos de forma más enérgica el robo de
material escolar para los que menos recursos tienen que la contabilidad ‘B’ del
Partido Popular, es síntoma de que algo raro está pasando, y que nosotros
mismos somos cómplices al consentir que así sea.
Para
concluir, he de decir que con este artículo no pretendo justificar ni mucho
menos exculpar ninguno de los dos delitos, tan sólo constatar que bajo la misma
visera, ambas acciones pueden ser vistas desde una forma radicalmente distinta.
Y sobre todo que, por raro o extremo que parezca, detrás de la ilegalidad puede
esconderse cierta legitimidad.